Con la perspectiva de medio siglo es propio hablar de la “fundación” de Montero Aramburu, una firma hoy multidisciplinar que aglutina a unas 275 personas en media docena de sedes. Pero cuando José Luis Montero Gómez (Salamanca, 1928) y Armando Fernández-Aramburu León (Sevilla, 1926) se establecieron como abogados en 1971 no se les habría ocurrido utilizar aquel término para aludir a su decisión de abrir el despacho. En su lugar, habrían elegido para definirla otros apelativos más modestos pero igualmente ilusionantes.
Y es que Armando y José Luis habían trabado una íntima amistad desde principios de los años 50 del siglo pasado, cuando coincidieron en Santa Cruz de Tenerife como funcionarios del Estado: el primero como intendente al servicio de la Hacienda Pública y el segundo como diplomado de la Inspección de los Tributos.
Pasados los años y coincidiendo ambos en la Delegación de Hacienda de Sevilla, decidieron renunciar al envidiable estatus que por entonces otorgaban sus cargos funcionariales y lanzarse a la aventura del asesoramiento privado. El reto de ensanchar sus perspectivas profesionales y humanas, poniendo en valor el capital técnico e intelectual acumulado; de someterse al juicio soberano e inapelable del cliente, y de sublimar la amistad y respeto mutuos con un proyecto casi de convivencia fueron suficientes estímulos para vencer las incertidumbres propias de la renuncia al confort –también económico– de la función pública de alto nivel y abrir un despacho de asesoramiento jurídico-tributario para el que por entonces, 1971, había una demanda tan selecta como limitada.
