El ordenamiento jurídico sólo tiene dos opciones en relación con la prostitución: o bien la prohíbe expresamente, o bien regula esa actividad a fin de preservar los bienes y valores fuertemente comprometidos en su ejercicio. Lo que no cabe bajo ningún concepto es la indiferencia, traducida en una absoluta falta de regulación.
Caso de no prohibirse, los tres aspectos en los que se encuentra implicado el Derecho Administrativo y que se analizan, por parte del catedrático Eduardo Gamero Casado, Consejero de MONTERO|ARAMBURU ABOGADOS, son: la prostitución en establecimientos abiertos al público; la prostitución en la via pública; y la dotación de servicios sociales de asistencia a personas expuestas a los riesgos que entraña la prostitución. Su análisis revela que existen precedentes valiosos, pero claramente insuficientes, para regular esta materia con la debida protección de los intereses públicos subyacentes.
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