Con carácter recurrente escuchamos a deportistas de alto nivel quejarse por la alta carga tributaria que soportan en España por los ingresos derivados de su actividad.
El último ha sido Alex Crivillé, quien, hace algunas semanas planteaba que el deportista de élite que no se va de España para ahorrar impuestos “es burro”. Bien es cierto que al día siguiente el expiloto matizó sus declaraciones, señalando que el primer “burro” es él, porque tributa en España…
Paralelamente, son continuas las noticias sobre fraude fiscal ligado al deporte, y sobre la deslocalización de ingresos en el extranjero por deportistas residentes en España, a través de estructuras empresariales más o menos artificiosas.
En los últimos tiempos se ha planteado incluso si cabría prohibir a los deportistas españoles que residen en países de baja tributación representar a España en competiciones internacionales. Una medida que sería difícilmente incardinable en nuestro ordenamiento jurídico.
Lo cierto es que a partir de 120.000 euros de base imponible el tipo de gravamen del IRPF se sitúa, en el caso de Andalucía, en el 48%.
Ello sin duda motiva el éxodo de algunos hacia países que les conceden mejor trato, y el recurso a planificaciones fiscales abusivas por bastantes otros. No hay nada que reprochar hacia los que se van de forma efectiva y real al extranjero, y sí pedir que la agencia tributaria persiga a quienes cometen realmente fraude.
Pero más allá del fraude, la moralidad o la falta de patriotismo fiscal, esta situación debiera motivar una reflexión por nuestros gobernantes, sobre la conveniencia de limitar la carga fiscal a las rentas más altas, que continúa estando entre las más elevadas de Europa.
Una menor carga tributaria para estos niveles de renta, unida al trabajo de investigación de la Agencia Tributaria, podría desincentivar la movilidad fiscal del deportista, reducir el fraude, o incluso atraer nuevos talentos deportivos a nuestro país.
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