Uno de los grandes retos con los que se enfrentará el nuevo gobierno andaluz durante la presente legislatura será el de implementar en nuestra comunidad una Ley del Mecenazgo que impulse y fomente el mecenazgo privado en el ámbito cultural, científico, y en lo que aquí nos interesa, el deportivo no profesional. Sin duda, el gran reto de dicha Ley es que atienda a las necesidades e impulse el deporte base no profesional, consiguiendo con ello canalizar y cumplir con el mandato constitucional de fomento del Deporte. Para ello, quizás deba tomarse como modelo lo hecho ya por otra Comunidad Autónoma: La Comunitat Valenciana, que el pasado verano aprobó la Ley 20/2018, de 25 de julio, de mecenazgo cultural, científico y deportivo no profesional. Dicha norma incluye entre las personas y entidades beneficiarias de mecenazgo a las personas físicas residentes, y con domicilio fiscal en dicha comunidad, que de forma habitual, ejerzan actividades culturales, científicas y deportivas de carácter no profesional. Entre las modalidades de mecenazgo que recoge la norma se encuentran las donaciones puras y simples de dinero, bienes y derechos y los préstamos de uso o comodato. Al margen del compromiso que se asume institucionalmente de impulsar este tipo de actividades, la norma contempla una serie de ventajas e incentivos fiscales para los mecenas dentro de aquellos impuestos sobre los que tiene competencia normativa –IRPF, ISD e IP-. Sin duda alguna, una Ley de este tipo serviría para reconocer y fomentar el esfuerzo desinteresado que muchos andaluces realizan apoyando económicamente a clubes y deportistas no profesionales
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