El pasado 29 de enero del presente año el Tribunal Constitucional dictó una relevante sentencia estimando parcialmente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Grupo Parlamentario Popular contra la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda, por la que determinó la nulidad de los requisitos procesales impuestos en los apartados 6.c) y 7) del artículo 439, los apartados 1) y 2) del artículo del artículo 655 bis y el artículo 685.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, para la admisión de las demandas formuladas por grandes tenedores al objeto de recuperar la posesión de las viviendas de su titularidad.
La citada declaración de inconstitucionalidad y consiguiente nulidad de los artículos antedichos se fundamenta por el Tribunal Constitucional, esencialmente, en la consideración de que los requisitos para la admisión de las demandas fijados en aquéllos resultan desproporcionados y vulneran el derecho a la tutela judicial efectiva de todo gran tenedor que legítimamente pretenda recuperar la posesión de los inmuebles de su titularidad destinados a vivienda habitual.
Con ello, se han eliminado unos requisitos de carácter procesal que, en la práctica, estaban ocasionando que los grandes tenedores vieran dificultado su derecho a obtener el auxilio judicial en defensa de sus legítimos intereses, así como severos retrasos en la tramitación de todo procedimiento afectado por los mismos al efecto, con el consiguiente perjuicio para los grandes tenedores en relación con el resto de los propietarios de inmuebles destinados a vivienda habitual.
