En el artículo de la pasada semana les expuse algunas de las medidas que prevé el anteproyecto de Ley del Deporte Estatal. Lo cierto es que el anuncio de nuevas elecciones generales realizado por el Presidente del Gobierno el viernes genera una gran incertidumbre sobre la continuación de la negociación de un texto legal que ha contado con tanta oposición desde el principio. Sin perjuicio de ello, quería exponerles hoy otro de los puntos más controvertidos del citado anteproyecto que no es otro que la privatización de parte de la disciplina deportiva. En este sentido, la norma vigente establece que cuando una sanción disciplinaria es firme en vía federativa –por ejemplo una sanción por alineación indebida- la misma podrá recurrirse en vía administrativa ante el TAD y, posteriormente, en vía judicial, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso – Administrativo. Pues bien, el anteproyecto prevé la despublificación de los recursos contra la mayoría de las sanciones disciplinarias, prácticamente todas las que atentan contra las reglas del juego o competición, dando opción, eso sí, la opción a las federaciones deportivas y ligas de crear un mecanismo de solución extrajudicial de conflictos mediante un tribunal arbitral propio, siempre que se cumplan una serie de requisitos cuya determinación se aplaza a un ulterior desarrollo reglamentario. De no instaurarse este tribunal propio que haga de segunda vía, el recurso contra las sanciones disciplinarias, agotada la vía federativa, deberá plantearse en la vía jurisdiccional civil. A priori, y a la vista del atasco existente en los juzgados, no parece el medio más idóneo para la celeridad que exige el mundo del Deporte.
