Los años en que se celebran las Olimpiadas son también en España años electorales, tanto en las federaciones deportivas españolas, como en las andaluzas. Una peculiaridad de nuestro modelo deportivo es que estos procesos están supervisados por la Administración pública, de dos maneras diferentes.
En primer lugar, cada Federación tiene reglamentos electorales que han de ajustarse a la legislación deportiva, especificando los porcentajes de cada estamento y algunas especialidades del proceso. Estos reglamentos son supervisados por el CSD y por la Consejería de Deportes, para verificar su conformidad con la legislación deportiva.
Una vez iniciado el proceso electoral, todo su desarrollo se encuentra también bajo supervisión del poder público, en aspectos cruciales para asegurar su limpieza. Además de la presencia directa de representantes de la Administración en las votaciones, se establece una vía administrativa de recurso contra los acuerdos que se van dictando (censo, votaciones, etc.), ante el TAD en el caso de las Federaciones españolas, y ante el Comité Andaluz de Disciplina Deportiva en el caso de las andaluzas.
A penas estamos en el arranque del proceso y podemos comprobar la necesidad de esos controles. La RFEF ha aprobado un polémico reglamento electoral en el que modifica los porcentajes de representación en la Asamblea, en teoría, para favorecer los intereses de uno de los candidatos, concretamente de Ángel María Villar, su actual presidente.
Este es sólo el primer capítulo de un largo serial de acontecimientos al que iremos asistiendo a lo largo de todo este año. Siempre han sido polémicos estos procesos, pero ahora lo serán todavía más, dada la situación convulsa que se vive en varias federaciones. El modelo español debe demostrar nuevamente su utilidad, con un control previo (y gratuito) que pueda asegurar la limpieza de todo el proceso.
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