En un infrecuente ejercicio de responsabilidad política en este servidor, para la elección de su opción de voto en las pasadas elecciones generales, analizó superficialmente el programa que presentaban los diferentes partidos más importantes y, en particular y de forma algo más minuciosa, las propuestas en relación al deporte. En dicho análisis, le llamó especialmente la atención que los cuatro grupos, a la postre más votados: PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos, por riguroso orden para que nadie se moleste, presentaban algunas medidas y propuestas muy similares.
Así, todos ellos proponían e informaban a los votantes de que adoptarían, entre otras, medidas tendentes a fomentar el deporte y su práctica en etapas educativas mediante el impulso de la actividad deportiva en los centros escolares, así como al fortalecimiento de la actividad física en la sociedad para prevenir enfermedades -el denominado deporte-salud- y para lograr que todos nosotros tengamos un estilo de vida activo y saludable, que, además, contribuya a la reducción del gasto sanitario.
El impulso y adopción de medidas de este tipo es algo que seguramente todos nosotros celebremos y aplaudamos; lo que resulta dudoso y despierta la curiosidad, al menos la mía, es cómo el gobierno que finalmente acabe siendo investido, si es que finalmente acaba gobernando alguien, sea de la pluralidad -como le gusta tanto decir a algunos- que sea, podrá jurídicamente ponerlas en práctica, puesto que las mismas atañen, fundamentalmente, a materias (deporte, educación, sanidad) que entran, casi en exclusiva, dentro del marco legislativo competencial de las Comunidades Autónomas.
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