La pasada semana, la Comisión Europea declaró que siete clubes de fútbol españoles han percibido de las administraciones públicas ayudas de estado ilegales, que cuantifica en total entre 50 y 70 millones de euros. Los afectados son Real Madrid, Valencia, F.C. Barcelona, Elche, Athletic de Bilbao, Osasuna, y Hércules, quienes deberán reintegrar a las administraciones las ayudas percibidas, junto con los correspondientes intereses de demora.
En su resolución, que es la conclusión de una investigación que se inició en 2009, la Comisión entiende que estos clubes recibieron ayudas públicas selectivas, que les situaron en una posición de privilegio con respecto a otros clubes –españoles y europeos-. Ello supone una vulneración de la libre competencia, por la que la Comisión debe velar, en el marco de una actividad económica, como es el fútbol profesional.
Parte de estas ayudas habrían sido recibidas por los cuatro clubes aún no convertidos en sociedades anónimas: Barcelona, Real Madrid, Athletic y Osasuna, que hasta 2015 se beneficiaban de una tributación nominal en el Impuesto sobre Sociedades cinco puntos inferior a la de las SAD por ser considerados entidades sin fines lucrativos.
Estos clubes no fueron obligados a convertirse en SAD al amparo de lo dispuesto en la Ley del Deporte de 1990, por cumplir en aquel momento determinados ratios de solvencia financiera. Su menor tributación no deriva de una medida fiscal selectiva, sino de su distinta forma jurídica: clubes unos, sociedades mercantiles otros.
Además de la discutida calificación de estos clubes como entidades sin ánimo de lucro, se alega que la Ley del Deporte no incluía un plazo para reevaluar la situación financiera de los clubes, de modo que quienes se convirtieron en SAD y fueron luego saneados ya nunca pudieron volver a ser clubes.
Quizá estemos ante el primer paso para que todos los clubes españoles acaben siendo SAD.
