Seguramente recordarán la polémica que se suscitó a nivel social, e incluso a nivel parlamentario, cuando allá por el año 2013 se hizo público que la deuda de los clubes de fútbol integrados en la LFP con la AEAT superaba los 650 millones de euros. El revuelo social antes esta situación provocó que se firmase un acuerdo entre el Ministeriro de Hacienda y la LFP que tenía como objetivo principal reducir de forma progresiva, hasta su completa extinción, la citada deuda y no generar nueva deuda con aplazamientos de pago. Para cumplir con este compromiso, la LFP puso en marcha la medidas de “Fair Play Financiero” aprobadas por FIFA sobre cuentas auditadas, si bien, siendo conscientes de que dichas medidas no serían suficientes, un año más tarde se implementó el control económico a priori, el cual trabaja sobre los presupuestos de los clubes, restringiendo y limitando su volumen de gastos.
Esta normativa de control económico se acompaño con la aprobación de las correspondientes medidas coercitivas de carácter disciplinario para los incumplidores, lo que conllevó, no sin cierta polémica jurisdiccional, el descenso administrativo de algunos clubes. Pues bien, tras el paso de algunas temporadas con la normativa en vigor, es el momento de hacer balance y se ha constatado que las mismas han funcionado a la perfección, puesto que la deuda con la AEAT se ha reducido a los 96 millones de euros, se espera que en 2020 baje a los 56; no se han producido denuncias de jugadores por impagos en los tres últimos años y la mayor parte de las SADS han salido de la situación concursal en la que se encontraban. Sin duda, un rotundo éxito económico de los dirigentes de la LFP
