El pasado viernes se conoció la noticia de que el Consejo Superior de Deportes (CSD) había iniciado el proceso para la inhabilitación del Presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), mediante el envío al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAD) de un informe en el que se recogían las supuestas irregularidades cometidas por la RFEF al conceder préstamos al Recreativo de Huelva y al Club Deportivo Marino de Tenerife para pagar, el primero, una cantidad adeudada a un ex entrenador y para abonar retrasos a los jugadores, el segundo.
Según señala la nota remitida por el CSD “la actuación federativa ha podido ocasionar un agravio comparativo y un menoscabo del principio de igualdad de los clubes al adulterar gravemente la competición, lo que pondría en cuestión la imparcialidad de los responsables federativos a la hora de tratar a sus asociados. Igualmente podría constituir una actuación para eludir el cumplimiento de la propia normativa de la RFEF”.
En otras palabras, se acusa a la RFEF y a sus dirigentes de proporcionar un trato de favor a estos clubes, prestándoles dinero para pagar deudas y poder cumplir así los requisitos para participar en competiciones oficiales.
La sanción a la que se enfrenta el Presidente de la RFEF es la de inhabilitación para ejercer el cargo por un periodo mínimo de dos años lo que le impediría, de ser efectiva la sanción, volver a presentarse a las próximas elecciones a la Presidencia de la Federación Española de Fútbol.
La decisión del TAD sería recurrible ante la jurisdicción contenciosoadministrativa. No obstante, resultaría verdaderamente paradójico, ver al Sr. Villar, férreo defensor de los tribunales deportivos y de la no injerencia de los tribunales ordinarios en los “asuntos del fútbol”, recurrir ante la justicia ordinaria su posible inhabilitación. Veremos, si eso ocurre. Antes habrá una dura disputa ante el TAD.