En las últimas cuatro temporadas, sólo dos de los ocho equipos que han conseguido el ascenso deportivo en LEB Oro han acabado jugando en ACB el curso siguiente, al no poder hacer frente a su cuota de entrada en la citada Liga Profesional.
Esta situación, expuesta pública y políticamente por los equipos afectados, suscitó el interés de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia -en adelante, CNMC- y motivó la apertura de un expediente sancionador a la ACB por prácticas restrictivas de la competencia, al reclamarse a los clubes que ascienden más de 3 millones y medio de euros por dicha cuota de entrada. La ACB se defiende argumentando que la misma, al igual que el fondo de regulación de ascensos y descensos, está prevista, desde hace más de 30 años, en su normativa interna (Estatutos, Reglamentos y Normas de Competición) así como en el Convenio de Coordinación suscrito con la Federación Española de Baloncesto, el cual se encuentra validado y aprobado por el Consejo Superior de Deportes. Sin embargo, la CNMC considera que dicha cuota afecta al mercado en la medida que obstaculiza de forma injustificada, desproporcionada y discriminatoria el acceso a la ACB de los clubes que no forman parte de la misma, favoreciendo la permanencia de los que ya compiten y creando un sistema casi de liga cerrada. En un reciente comunicado de prensa, la ACB ha informado de que se mantiene firme en su defensa de la cuota económica de entrada y que seguirá exigiendo la misma mientras no se declaré contraria al ordenamiento jurídico. La polémica está servida.
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