La fecha límite para obtener la autorización de explotación es el 25 de junio de 2025
El sector de las energías renovables afronta un nuevo reto: obtener la autorización administrativa de explotación definitiva (AAE) para aproximadamente 45 GW antes del 25 de junio de 2025. Está en juego una inversión cifrada en 50.000 millones de euros.
Tradicionalmente, la regulación promulgada ha perseguido cumplir con los objetivos fijados por el Gobierno en el PNIEC y evitar la especulación mediante la protección de proyectos más solventes frente a otros menos maduros que pudieran absorber la capacidad de evacuación de la red.
Así, el Ejecutivo, en el Real-Decreto ley 23/2020, establecía una serie de hitos administrativos cuyo incumplimiento –salvo en el caso de la falta de obtención de la declaración de impacto ambiental por causas no imputables al promotor- conlleva la caducidad de los permisos concedidos y puede suponer la ejecución de los avales depositados para la solicitud de los derechos de acceso a la red.
La aprobación de la norma no provocó, conforme había previsto el Gobierno, un elevado número de renuncias o cancelaciones de proyectos con su correspondiente devolución de avales. En cambio, se experimentó un colapso en diversas administraciones, generado por la cantidad de proyectos en tramitación.
Ante esta situación y con el fin de evitar el incumplimiento de hitos por proyectos potencialmente viables, se aprobó el Real Decreto-ley 29/2021, de 21 de diciembre, que recoge un periodo adicional de nueve meses para el cumplimiento de hitos intermedios, como el de la declaración de impacto ambiental, autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción. Además, el 28 de junio de 2023, a través del Real-Decreto ley 5/2023, se otorgaron seis meses adicionales para la obtención de la autorización administrativa de construcción para instalaciones que habían obtenido permisos de acceso después del 1 de enero de 2018.
No obstante, persiste la inquietud entre las empresas, pues la fecha límite para obtener la AAE permanece inalterable en el 25 de junio de 2025. Adicionalmente, cabe recordar que RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A. requiere unos seis meses para conceder la AAE, lo que supone que los proyectos deberán estar construidos en diciembre de 2024 para cumplir los plazos.
La situación actual de colapso en la tramitación ha quedado patente en la propia Orden TE/189/2023, de 21 de febrero, al indicar que “El volumen de proyectos asociados a la transición ecológica ha desbordado a todos los organismos que participan en alguna fase de la tramitación de proyectos, lo que ha generado importantes retrasos en los tiempos de tramitación […]”.
Todo ello está generando tensiones y cuellos de botella, no sólo a nivel de tramitación, sino también respecto del suministro de equipos, financiación de proyectos, selección de contratistas, etc., con la consecuencia de que el mercado está experimentando alteraciones de manera artificial, con aumentos de precios e imposición de condiciones contractuales poco habituales.
Las asociaciones del sector, en vista de este panorama, instan al Ejecutivo a tomar medidas urgentes, prorrogando el plazo para obtener la AAE, para proteger las elevadas inversiones previstas en proyectos energéticos renovables y evitar que los promotores afectados puedan reclamar a la Administración los daños económicos mediante una reclamación de responsabilidad patrimonial.
Mientras se espera la decisión del Gobierno, queda claro que . La responsabilidad nuevamente recaerá en las empresas del sector, siendo nuestra labor, como abogados especialistas, valorar, en cada caso, los riesgos asociados a la imposibilidad de obtener la AAE en plazo, así como la mejor estrategia a seguir en el contexto de incertidumbre que rodea a estos proyectos, cruciales para un futuro más sostenible.
Miguel Cuesta Boothman y Ana Beatriz Gamero Díaz de Lópe Díaz, socios del Área de Energía de Montero Aramburu.
