Durante esta semana se está celebrando en Bruselas un juicio que, al igual que pasó con el caso Bosman, puede cambiar por completo la actual normativa de FIFA y UEFA en materia de la titularidad de los derechos económicos de los jugadores, si se reconociese por la justicia la propiedad de terceros –Third-Party Ownership- (TPO) actualmente prohibida por estos organismos en su reglamentación interna. El procedimiento judicial tiene su origen en la sanción impuesta al club belga Seraing por la Comisión de Disciplina de FIFA consistente en una prohibición de fichar en 4 ventanas de traspasos consecutivas y multa de 150.000 francos por haber vulnerado las reglas relativas a la propiedad de los derechos económicos de los jugadores por parte de terceros y a la influencia de terceros, en relación a dos contratos de jugadores de dicho club formalizados con la entidad Dean Sports.
Tras el correspondiente recurso ante el TAS, el Seraing presentó recurso ante los tribunales de justicia, el cual primera fue desestimado en primera instancia. Ahora, la decisión recae sobre el Tribunal de Apelación que debe decidir sobre si atenta o no contra la competencia la prohibición establecida por FIFA y UEFA de que inversores privados, bancos, fondos de inversión, puedan invertir en derechos económicos de terceros. En opinión del club recurrente, la normativa comunitaria no puede amparar las actuales restricciones existentes para materializar la inversión privada en la propiedad de futbolistas como negocio empresarial. La decisión que debe tomar el Tribunal de Apelación no es nada fácil y de la misma dependerá en gran medida el futuro de la inversión privada en el fútbol
